El decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se estableció el estado de alarma en nuestro país, sus ulteriores modificaciones y los planes de endurecimiento anunciados este fin de semana por el Gobierno han fijado diversas medidas con el fin de paliar la extensión del COVID-19 y mitigar el impacto sanitario, social y económico de la pandemia internacional que venimos sufriendo. Entre las medidas que más han transformado nuestra rutina se encontrarían la suspensión de la actividad educativa presencial, la suspensión de plazos y actuaciones no urgentes ante organismos públicos, la prohibición de la apertura al público de locales minoristas, junto a la paralización de los sectores no imprescindibles, y sobre todo, la limitación de la circulación de las personas, excepto para determinadas tareas de primera necesidad y desplazamientos a centros sanitarios, lugar de trabajo o por causas de fuerza mayor.

Además de las consecuencias de empleabilidad, educativas y de ocio, estas restricciones influyen en muchos otros aspectos de nuestras vidas. En España un amplio porcentaje de los matrimonios está separado o divorciado, y más de la mitad de los niños tienen a sus padres separados.

En aquellas familias en las cuales existe un convenio que regula las relaciones paterno-filiales, esta situación de confinamiento ha creado infinidad de dudas y preguntas: ¿cómo debo de actuar siendo madre o padre separado y con hijo/s a cargo?, ¿debemos de continuar cumpliendo el convenio regulador o el mismo queda suspendido automáticamente durante el estado de alarma?, ¿tengo que seguir ingresando la pensión alimenticia a mi/s hijo/s?, ¿incurro en algún tipo de delito o sanción si no deseo ejercitar estrictamente las medidas firmadas en el convenio? El decreto es impreciso en esta materia y las autoridades gubernamentales no se han pronunciado al respecto hasta el momento, pero las líneas de actuación son claras gracias a las directrices del Consejo General del Poder Judicial, diversos Juzgados de Familia y doctrina especializada.

Los expertos abogan, mediando acuerdo entre las partes, por el confinamiento de los niños en su lugar habitual de residencia, siempre y cuando:

1º-el progenitor con quien convivan habitualmente o conviviesen en el momento en el cual se decretó el estado de alarma no esté en contacto con personas afectadas, que presenten síntomas o sea población de riesgo, por ser, por ejemplo, personal sanitario, de supermercado, de los cuerpos de seguridad o protección, etc.;

2º-dicho progenitor pueda atenderle con la requerida atención. Asimismo, se recomienda la modificación en el ejercicio del régimen de visitas, y la sustitución de los desplazamientos y los encuentros presenciales por la interacción virtual entre la madre o el padre y el/los menor/es mediante plataformas de comunicación instantáneas (Skype, Facetime) y/o llamadas telefónicas.

Los niños necesitan que sus padres les demuestren amor y respeto dia a dia, pudiendo manifestar tales actitudes a través de inimaginables vías en la actual era tecnológica, y pudiendo compensarse las visitas no ejercitadas, una vez la situación se normalice. En cuanto a  los pagos de la pensión de alimentos, no hay duda de que la obligación se mantiene, siendo más justa, incluso, la adecuación de la pensión con una mayor aportación por quien no afronte gastos de mantenimiento y cuidado durante estos días. La suspensión, alteración o modificación del régimen acordado puede ser particularmente necesaria, advierte el Consejo General del Poder Judicial, “cuando los servicios o recursos públicos (Puntos de Encuentro Familiar y recursos equivalentes) se hayan visto afectados en su funcionamiento ordinario como consecuencia de la aplicación de las medidas del Real Decreto 463/2020”. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha elaborado una guía de actuación para las víctimas, recordando que el servicio de asistencia telefónica para mujeres víctimas de violencia de género, el número 016, sigue funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana, manteniéndose activo, igualmente, el email ‘016-online@mscbs.es’ y un servicio rápido de WhatsApp a través de los números 682 916 136 y 682 508 507.

Procurada la cordialidad, el consenso y la responsabilidad, ante aquellas situaciones en las cuales no sea posible un acuerdo entre las partes, según el CGPJ, los convenios no se suspenden automáticamente durante la vigencia del estado de alarma, correspondiendo “al juez o magistrado adoptar la decisión que proceda” en función de las circunstancias del caso. Teóricamente, cualquiera podrá instar una acción judicial ante el incumplimiento de un convenio regulador, si bien la controversia se resolverá, probablemente, tras el periodo de confinamiento, valorándose la buena fe o mala fe del progenitor incumplidor en detrimento de una actitud de protección en esta situación de crisis sanitaria.

En conclusión: el interés superior del menor, así como la seguridad ciudadana son primordiales ante la ola de contagios y fallecimientos en España como consecuencia del COVID-19, siendo las respuestas a las incertidumbres de padres separados con hijos varias dependiendo de las circunstancias familiares particulares, teniendo en cuenta, entre otras, el lugar de residencia de uno y otro progenitor, los sectores laborales en los cuales trabaje uno y otro progenitor, y/o la realidad económica de uno y otro progenitor. En beneficio del bienestar de los hijos, los progenitores y, en general, de la salud pública, el confinamiento de los niños con uno/a de los padres o madres, y la flexibilización en las medidas fijadas previamente sería la mejor actitud; siendo conveniente en tales casos, la formalización de la alteración de las medidas adoptadas por ambos progenitores en documento aceptado a través de medios de prueba fehacientes.

A la espera de la adopción de acuerdos en las juntas sectoriales de los Juzgados de Familia con objeto de unificar criterios y establecer pautas, el bienestar de nuestros menores y de las relaciones paterno-filiales en las familias separadas deberá de salvaguardarse de manera particular, primeramente, por el sentido común y cooperación de sus progenitores, y subsidiariamente, ante una falta de consenso, por el Juzgado de Familia competente.

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