Abogados de derecho administrativo y contencioso

Depende de si la resolución pone fin a la vía administrativa, algo que debe indicar la propia notificación (art. 40 de la Ley 39/2015). Si no la agota y es expresa, cabe recurso de alzada en un mes (art. 122). Si la agota, puedes presentar un recurso potestativo de reposición en un mes (art. 124) o acudir directamente al contencioso-administrativo en dos meses (art. 46 de la Ley 29/1998). Los meses se cuentan de fecha a fecha desde el día siguiente a la notificación y, si el último día es inhábil, el plazo pasa al siguiente hábil (art. 30 de la Ley 39/2015). Si dejas pasar todos los plazos, el acto queda firme.

Depende de los argumentos y las pruebas que tengas. En los procedimientos sancionadores generales, si la sanción es solo económica, reconocer la responsabilidad y pagar voluntariamente dan derecho a reducciones de al menos un 20 % cada una, acumulables, pero exigen renunciar a los recursos en vía administrativa (art. 85 de la Ley 39/2015). En tráfico, pagar en 20 días naturales supone un 50 % de descuento y renunciar a las alegaciones, aunque sigue cabiendo el recurso contencioso-administrativo (art. 94 de la Ley de Tráfico). Por regla general, la sanción no se puede ejecutar mientras quepa recurso ordinario en vía administrativa (art. 90.3 de la Ley 39/2015). Revisamos la denuncia antes de que decidas.

Sí, si el daño es consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de un servicio público, no se debe a fuerza mayor y no tienes el deber jurídico de soportarlo. Además, debe ser real, evaluable en dinero e individualizado (art. 32 de la Ley 40/2015). El plazo para reclamar es de un año desde el hecho o desde que se manifiesta el daño; en lesiones físicas o psíquicas, desde la curación o la determinación de las secuelas (art. 67 de la Ley 39/2015). Si en seis meses no hay resolución, puedes entender desestimada la reclamación y acudir al contencioso (art. 91.3). Caídas en la vía pública, daños por obras o asistencia sanitaria deficiente son casos habituales.

La Administración está obligada a resolver y notificar en el plazo que fije la norma del procedimiento o, si no fija ninguno, en tres meses (art. 21 de la Ley 39/2015). Si no lo hace, entra en juego el silencio administrativo. En los procedimientos que inicias tú, la regla general es el silencio positivo, pero hay muchas excepciones: por ejemplo, es negativo en la responsabilidad patrimonial y, en general, en los recursos (art. 24). El silencio negativo te permite recurrir como si te hubieran denegado lo que pedías, y puedes pedir un certificado que lo acredite. Como el sentido del silencio depende de cada norma, conviene revisarlo caso por caso.

Depende del recurso. En la vía administrativa (alegaciones, alzada o reposición) agosto no detiene los plazos: los fijados por días excluyen solo sábados, domingos y festivos, y los fijados por meses se cuentan de fecha a fecha (art. 30 de la Ley 39/2015). En cambio, durante agosto no corre el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni los demás plazos de esa ley, salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales (art. 128.2 de la Ley 29/1998). Además, algunos plazos se cuentan en días naturales, como los de las multas de tráfico. Ante la duda, calcula siempre con el plazo más corto.

En primera instancia, el tribunal impone las costas a quien ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo que razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Si se estiman en parte, cada parte paga las suyas y las comunes por mitad (art. 139 de la Ley 29/1998). La condena en costas no puede superar un tercio de la cuantía del proceso por cada parte favorecida y, a estos efectos, los asuntos de cuantía indeterminada se valoran en 18.000 euros, salvo que el tribunal disponga otra cosa por su complejidad. Por eso valoramos contigo este riesgo antes de presentar el recurso.

Si el contrato supera los umbrales del artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, servicios y suministros con un valor estimado superior a 100.000 euros u obras de más de tres millones), puedes presentar el recurso especial en materia de contratación en un plazo de 15 días hábiles (art. 50). Es potestativo y gratuito, y permite impugnar pliegos, exclusiones y adjudicaciones. En los contratos por debajo de esos umbrales se utilizan los recursos administrativos ordinarios y el contencioso-administrativo. Como los plazos son cortos, conviene revisar el expediente en cuanto recibas la notificación.