Requerimientos, inspecciones y recursos ante Hacienda

El plazo figura en el propio requerimiento; el reglamento fija, en general, un mínimo de 10 días desde el siguiente a la notificación (arts. 55 y 87 del Real Decreto 1065/2007). Si necesitas más tiempo, puedes pedir una ampliación de hasta la mitad del plazo, justificándola y antes de los tres últimos días (art. 91). No contestar puede sancionarse como resistencia u obstrucción (art. 203 de la Ley General Tributaria) y, sobre todo, deja a Hacienda liquidar con los datos que tiene, que rara vez te favorecen. Lo que aportes ahora condiciona la liquidación y los recursos posteriores, así que conviene contestar bien, no solo a tiempo.

La Ley General Tributaria prevé reducciones que se suman (art. 188). Si das tu conformidad a la regularización, la sanción baja un 30 %; y lo que queda se reduce otro 40 % si lo pagas en el plazo voluntario y no recurres ni la liquidación ni la sanción. En las actas con acuerdo de una inspección, la reducción es del 65 %. Si recurres pierdes la reducción, aunque puedes recurrir solo la sanción sin perder la de conformidad si no discutes la regularización (art. 212). Antes de decidir comparamos contigo lo que cuesta cada opción y tus posibilidades reales de ganar el recurso.

Un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición ante el mismo órgano, que es voluntario (art. 223 de la Ley General Tributaria), como para la reclamación ante el TEAR de Extremadura (art. 235). Si la cuantía supera 150.000 euros, o 1.800.000 euros cuando se discuten bases o valoraciones, la resolución del TEAR puede recurrirse en alzada ante el TEAC. Después cabe recurso contencioso-administrativo en dos meses (art. 46 de la Ley 29/1998). Recurrir una sanción suspende su cobro sin garantías hasta que sea firme en vía administrativa (art. 212.3); la deuda, en cambio, solo se suspende con garantía o en casos concretos.

Sí, si tu situación económica te impide pagar de forma transitoria (art. 65 de la Ley General Tributaria). Puedes pedirlo en periodo voluntario, lo que evita los recargos del periodo ejecutivo, o después, ya en apremio. Si tus deudas pendientes de aplazar no superan en conjunto 50.000 euros, no tienes que aportar garantía (Orden HFP/311/2023). No se pueden aplazar, entre otras, las retenciones que practicas a trabajadores o profesionales ni los pagos fraccionados de Sociedades, y el IVA solo si acreditas que no has cobrado las cuotas repercutidas. El aplazamiento genera intereses de demora. Sin pago ni aplazamiento, llegan recargos del 5 %, del 10 % o del 20 % (art. 28).

Si Hacienda no te había requerido antes, no hay sanción, sino un recargo (art. 27 de la Ley General Tributaria): un 1 % más otro 1 % por cada mes completo de retraso. Pasados doce meses desde el fin del plazo, el recargo es del 15 % y se añaden intereses de demora desde ese momento. El recargo se reduce un 25 % si ingresas la deuda al presentar la declaración y pagas el recargo en el plazo que te den al notificártelo, o si lo aplazas con aval o seguro de caución en los términos de la ley. Regularizar por tu cuenta casi siempre sale más barato que esperar a que Hacienda lo detecte.

Si estás obligado a recibir notificaciones electrónicas, por ejemplo porque tienes una sociedad (art. 14.2 de la Ley 39/2015), o las elegiste voluntariamente, la notificación se entiende rechazada cuando pasan diez días naturales desde que se pone a tu disposición sin que accedas a ella (art. 43.2). El rechazo da el trámite por efectuado y el procedimiento sigue adelante (art. 41.5): los plazos para alegar, pagar o recurrir corren aunque no la hayas leído. Por eso conviene revisar a menudo la Dirección Electrónica Habilitada única y la sede electrónica de la Agencia Tributaria, o encargarnos ese seguimiento.

Desde la Ley 11/2021, en Transmisiones Patrimoniales y en Sucesiones y Donaciones la base de un inmueble es, como mínimo, su valor de referencia del Catastro, aunque hayas pagado o declarado menos (art. 10 del texto refundido del ITP-AJD y art. 9 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). Ese valor solo puede discutirse recurriendo la liquidación o pidiendo la rectificación de tu autoliquidación, y la Administración resuelve con un informe vinculante del Catastro. Si el inmueble no tiene valor de referencia y la Junta comprueba el valor por otros medios, puedes promover la tasación pericial contradictoria (art. 135 de la Ley General Tributaria). En ambos casos hay que aportar pruebas: tasación, estado del inmueble, fotografías.