Abogados de derecho penal

La detención no puede durar más de lo estrictamente necesario y, por regla general, nunca más de 72 horas: en ese plazo la persona debe quedar en libertad o a disposición judicial (art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma, a que se avise a un familiar, a un intérprete gratuito si no entiende el idioma y a que la reconozca un médico. Puede designar libremente a su abogado, que debe acudir en un máximo de tres horas desde el encargo, y entrevistarse con él en privado antes de declarar. Si no designa a nadie, se le asigna un abogado de oficio.

Ser investigado no significa estar condenado: es la condición de quien tiene atribuido un hecho en una investigación, y te da derechos para defenderte. Tienes derecho a saber qué hechos se te atribuyen, a examinar las actuaciones antes de declarar, a guardar silencio o no contestar a algunas preguntas y a que te asista el abogado que elijas en todas tus declaraciones (art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Lo prudente es consultar antes de la fecha de la citación, para revisar la causa y preparar la declaración. Guarda la cédula y cualquier documento, mensaje o dato de testigos que pueda servir para tu defensa.

Es un procedimiento acelerado que parte de un atestado policial y sirve para delitos castigados con hasta cinco años de prisión cuando el delito es flagrante, de instrucción sencilla o de los que la ley enumera, como los de tráfico, hurtos, robos, allanamientos o lesiones y amenazas en el ámbito familiar (art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En el juzgado de guardia puedes aceptar la acusación (conformidad) y, si se cumplen los requisitos legales, la pena pedida se rebaja en un tercio (art. 801). Parece una ventaja, pero es una condena y genera antecedentes penales. Antes de aceptarla, tu abogado debe revisar si la acusación se sostiene.

Sí. Como persona ofendida o perjudicada puedes personarte como acusación particular para proponer pruebas, formular acusación y recurrir. Puedes hacerlo antes del trámite de calificación del delito y, después, hasta el inicio del juicio, adhiriéndote a la acusación del fiscal o de otras acusaciones (art. 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Aunque no te persones, no renuncias a la indemnización salvo que lo digas de forma clara y terminante. Personarte con abogado te permite, entre otras cosas, acreditar mejor los daños, los gastos y las secuelas que deben indemnizarse, y estar al tanto de cada paso del procedimiento.

No necesariamente. El juez puede suspender la ejecución de las penas de prisión que no superen los dos años si es razonable esperar que no vuelvas a delinquir (art. 80 del Código Penal). Como regla general se exige haber delinquido por primera vez, que la pena o la suma de penas no pase de dos años y haber pagado la responsabilidad civil o comprometerte a pagarla según tu capacidad. Hay supuestos excepcionales y, si el delito se debió a una adicción y estás en tratamiento, la suspensión puede alcanzar penas de hasta cinco años. La suspensión no es automática: el juez valora cada caso y puede imponer condiciones. Por eso la defensa se prepara pensando también en esta fase.

Cuando, una vez extinguida la pena, pasa el plazo legal sin volver a delinquir: seis meses para las penas leves; dos años para las penas de hasta doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres años para el resto de penas menos graves inferiores a tres años; cinco años para las penas menos graves de tres años o más, y diez años para las graves (art. 136 del Código Penal). La cancelación se hace de oficio o a petición tuya. Conviene comprobarla, porque los antecedentes pueden afectar, por ejemplo, a una autorización de residencia o a la nacionalidad, y si se cumplen los plazos el juez no debe tenerlos en cuenta aunque sigan anotados.

Siempre que la tasa supere 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o 1,2 gramos por litro de sangre, y también con tasas menores si se conduce bajo la influencia del alcohol o de drogas (art. 379 del Código Penal). La pena es de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad, y siempre la privación del derecho a conducir durante más de uno y hasta cuatro años. Negarse a las pruebas es otro delito, castigado con prisión de seis meses a un año (art. 383). Estos delitos pueden ir a juicio rápido (art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal): conviene tener abogado desde el principio.